El Tribunal Supremo ha anunciado este jueves que va a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cómo se debe aplicar su sentencia reciente en la que instaba a España a hacer fijos a todos los trabajadores con contrato indefinido no fijo, entre los que se incluyen los miles de interinos que hay en el país.

En concreto, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sesión no jurisdiccional, ha analizado el modo de aplicar la STJUE de 22 de febrero de 2024 sobre personal indefinido no fijo, a los múltiples recursos pendientes de resolución.

Según ha dado a conocer a través de un comunicado, “con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

En especial, “para resolver las dudas acerca del modo en que compatibilizar la doctrina acuñada por la citada sentencia con las normas relativas al acceso al empleo público (incluyendo a los nacionales de los Estados miembros); así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Según ha publicado, entre otros medios, elEconomista.es, España mantiene una legislación, avalada por el Tribunal Supremo, que impide al sector público convertir en contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada, ya que considera que este paso se debe realizar hace a través de convocatorias de plaza de funcionario y otros procesos administrativos. Algo que no se cumpliría si un interino pasa a ocupar un puesto indefinido solo por encadenar contratos temporales. Esa es una de las razones por las que el sector público fue excluido de la reforma laboral española de 2021.

Aunque esta interpretación no se considera contraria a los preceptos del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, la sentencia del TJUE señala ahora que para que esta norma respete verdaderamente esta directriz del Acuerdo Marco, debe recoger medidas que impidan los “abusos” de la interinidad. En este sentido, considera que “una norma imperativa” que convierta en indefinidos ordinarios a los contratos afectados “cumpliría este objetivo”.

La decisión afecta directamente a los indefinidos ordinarios no fijos. El TJUE recuerda que, según el Acuerdo Marco europeo, un idefinido no fijo “debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada” cuyo contrato simplemente se prorroga sin fecha límite. Precisamente, su decisión vino a raíz de una cuestión prejudicial plantada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los casos de tres trabajadores sometidos a esta figura.

Aunque tanto el Ministerio de Función Pública como el sindicato de funcionarios de CSIF restaron peso a la decisión europea, señalando que solo afectaba a esos tres casos, el Supremo recalca que hay “múltiples recursos pendientes” de carácter similar afectados por una decisión del TJUE que marca doctrina. E invita a muchos otros interinos denunciar su situación.

Por tanto, la resolución de la cuestión prejudicial que se plantea ahora marcará la hoja de ruta para resolver esta situación en los tribunales, aunque también afectará a los planes del Gobierno para resolver la contradicción de la tasa de temporalidad del empleo público supere en más del doble a la del sector privado.

Enlace al comunicado del Tribunal Supremo

Enlace a la información publicada por elEconomista.es